El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Marchena (Sevilla), José Toscano, ha ordenado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa incoada contra 31 personas acusadas de participar en una red dedicada a la sustracción y venta de vestigios arqueológicos rescatados ilegalmente de 31 yacimientos de seis provincias, diligencias depositadas en esta instancia judicial a raíz de la operación ‘Tertis’ contra el expolio al patrimonio histórico y cultural.
Según un auto emitido por el juez el pasado 24 de febrero y recogido por Europa Press, las escuchas practicadas por autorización judicial a varios de los detenidos “ponen de manifiesto la posible existencia de una extendida actividad consistente en, utilizando detectores de metales u horadando el suelo, aprehender restos arqueológicos” en zonas que “tienen o no la catalogación de yacimientos”, en alusión a las diligencias que a comienzos de 2007 se cobraron 52 detenciones por el supuesto saqueo en diverso grado de 31 yacimientos arqueológicos de Sevilla (14), Badajoz (once), Cádiz (tres) y Málaga, Huelva y Jaén.
Entre los detenidos, cabe recordarlo, figuraban 30 supuestos expoliadores, 13 intermediarios en la venta de los objetos y nueve coleccionistas de piezas de arqueología.
No obstante, las pruebas aportadas por la investigación, que supuso inicialmente el decomiso de aproximadamente 300.000 piezas arqueológicas supuestamente expoliadas por los detenidos, no son “suficientes para mantener una imputación concreta” de hurto o robo con fuerza contra estas 31 personas, pues las diligencias han puesto de manifiesto “más que indiciriamente” la actividad del expolio, pero “no hay actividad que ponga de manifiesto la causa que permita establecer que un imputado acudió a un lugar determinado o indujo a otro a que así lo hiciera con el fin de sustraer piezas de un concreto yacimiento o lugar y que esa pieza se encuentre entras las que han sido intervenidas”.
Además, las pruebas periciales practicadas por los técnicos del Museo Arqueológico de Sevilla sobre las piezas intervenidas “no permiten establecer indicios de tal conexión”, pues aunque es posible datar cronológicamente cada vestigio y su procedencia “tampoco sería posible fijar la fecha concreta de su aprehensión”.
En cuanto a la posible comisión de un delito de daños sobre los yacimientos arqueológicos, “la realidad de menoscabo es aquí imposible de determinar” porque “no consta en las intervenciones telefónicas conversación alguna que permita deducir que un concreto imputado se personara en un momento concreto en cierto lugar” para causar tal menoscabo al patrimonio histórico. Las escuchas, una vez más, “no hacen más que poner de manifiesto esa posibilidad, pero no la acreditan”, según figura en el auto.
En cuanto al tipo de apropiación indebida, el juez nuevamente advierte de que aunque existen “serios indicios” de tal actuación a través de las pruebas incluidas en las diligencias, “no se puede determinar cuándo ni de qué modo se obtuvieron las piezas”, sobreseyéndose igualmente las actuaciones en torno a la posible apropiación indebida de estos legados históricos.
La intervención bautizada como ‘Tertis’, con 52 detenidos que luego se redujeron a 42 imputados, dio lugar posteriormente a una nueva intervención llamada ‘Dionisos’ y que se saldó con la recuperación de otros 50 objetos y el arresto de otras cuatro personas relacionadas con el expolio y comercio del patrimonio histórico.

52 absueltos y gran parte de lo incautado en Andalucía se ha devuelto ya
por M. PLANELLES / J. MARTÍN-ARROYO

Unas 300.000 piezas arqueológicas, 31 yacimientos expoliados, 52 detenidos, 70 registros, 200 agentes movilizados… Finalmente, a la espera de la completa devolución de las piezas, las cifras gruesas han quedado difuminadas hasta casi borrarse por el archivo judicial.

Un 30% de las 300.000 piezas arqueológicas han sido devueltas
La Operación Tertis era un golpe monumental contra el expolio en Andalucía. Saltó en febrero de 2007, cuando, después de meses de investigación, la Guardia Civil anunció la detención de 52 personas a las que acusaba de haber expoliado y dañado 31 yacimientos arqueológicos. Se realizaron casi 70 registros y se incautaron cerca de 300.000 piezas. Una parte importante eran monedas, pero también había otros objetos de origen fenicio, ibérico, romano, visigodo y árabe. “Había sacos con trozos de cerámica y cada trozo se contó como una pieza, no eran completas”, sostiene Miguel Gómez de la Rosa, abogado de 26 de los 52 acusados y especialista en este tipo de casos.
Dos años y medio después, el caso se ha quedado en nada en primera instancia. Los 52 detenidos han sido absueltos y una parte de las piezas, alrededor de un 30%, les han sido devueltas. Andalucía guerrea ahora para que el resto, que está depositado en el Museo Arqueológico de Sevilla, pase a ser propietad pública. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Marchena ya ha rechazado esta posibilidad. A la Consejería de Cultura le queda el recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial.
El artículo 44 de la Ley de Patrimonio establece que son “bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar”. Es el descubridor de los restos el que debe comunicárselo a la Administración. El problema en este caso, tal y como señala el juez de Marchena, es que “no ha resultado acreditado” que las piezas fueran descubiertas con posterioridad a la entrada en vigor de la norma ni que procedan de un yacimiento concreto. Por eso, ordena la devolución de las piezas.
En Andalucía existen 13.000 yacimientos arqueológicos documentados.
El Defensor del Pueblo Andaluz lleva años alertando del expolio que sufren estas zonas. En 2007 solicitó que se acotara la venta, tenencia y uso de detectores de metales. La Ley de Patrimonio de Andalucía restringe el uso de este tipo de aparatos. Pero no ha frenado los ataques a los yacimientos. Algunos de los detenidos en la Operación Tertis pertenecían a una asociación de detectores. “Es escandaloso que se les devuelva las piezas a los expoliadores porque está acreditado que son patrimonio histórico. Pero las investigaciones deben ser más prudentes y en este caso se fue demasiado ambicioso. Las escuchas son útiles pero insuficientes”, explican fuentes del caso. El juez aclara que la investigación fracasó al determinar cuándo y de qué modo se obtuvieron las piezas.
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