Se inunda el yacimiento de Oreto (Granátula de Calatrava, Ciudad Real)

Las intensas precipitaciones registradas en la provincia de Ciudad Real durante el invierno 2009/2010 provocaron la inundación del Santuario de Nuestra Señora de Oreto y Zuqueca y del yacimiento arqueológico de Oreto y Zuqueca, ambos declarados Bien de Interés Cultural (BIC).
El yacimiento arqueológico de Oreto y Zuqueca y el santuario se encuentran a unos cinco kilómetros al sur de Granátula de Calatrava (Ciudad Real), en la margen derecha del río Jabalón, a donde va a desembocar un arroyo que ha provocado la inundación de la zona y la ruina de buena parte de los muros arqueológicos.
Además, de la gran necrópolis que se encuentra en el yacimiento, compuesta por más de 400 tumbas, una quinta parte fue anegada por el agua, que en algunos puntos superó el metro de altura.

Detenidos dos cordobeses por robos en iglesias de Ciudad Real

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en Pozoblanco (Córdoba) a C.F.C., de 21 años, y a R.C.C., de 26 años, como presuntos autores de diecisiete delitos de robo, tras supuestamente hurtar en ermitas de la zona norte de la provincia cordobesa, pueblos de Badajoz y del sur de Ciudad Real, en la comarca de Puertollano.
La Benemérita informó en un comunicado de que el pasado mes de diciembre se detectó en las comarcas del Valle de los Pedroches y del Valle del Guadiato la comisión de delitos contra la propiedad, concretamente robos con fuerza en las cosas cometidos en iglesias y ermitas, por lo que los agentes sospecharon que ?varios delincuentes habituales pudieran estar actuando en la zona?. Ante la ?preocupación? que este tipo de robos estaba generando, la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio que, tras más de dos meses de esfuerzo, permitió localizar y detener el día 17 de febrero de 2010 a los supuestos autores.
Con estas detenciones, la Guardia Civil ha logrado esclarecer en su totalidad 17 robos con fuerza en las cosas cometidos en iglesias y ermitas de Pozoblanco, Obejo, Villanueva del Duque, Fuente la Lancha, Pedroche, Villanueva de Córdoba, Villaralto, El Viso, Belmez y Fuente Obejuna, en la provincia de Córdoba; y Chillón, Alamillo, Guadalmez y Almadén en Ciudad Real. Además, los agentes de la Guardia Civil también lograron vincular a los ahora detenidos con otros dos robos cometidos en iglesias de las localidades de Granja de Torre Hermosa y Peñalsordo en la provincia de Badajoz. El 29 de enero de 2010, se había cometido un robo en la iglesia de Guadalmez, donde los autores presuntamente habían sustraído de su interior varios instrumentos musicales y dos anillos de oro que llevaba la virgen en sus dedos.

Los graffiti de Veleia (Álava)

Veleia sale del fango

La ciudad romana de Iruña-Veleia y las excavaciones arqueológicas que allí se están realizando comienzan a salir del fango en el que llevan inmersas casi dos años, después de que se confirmara que las "excepcionales" inscripciones que se presentaron en 2006 son una simple falsificación. La diputada de Cultura, Lorena López de Lacalle, presentó ayer en las Juntas Generales alavesas el contenido íntegro del plan director, redactado por la UPV, que regirá la excavación los próximos diez años y que supondrá una inversión foral de 400.000 euros. Parece así que se va terminando el culebrón del caso Veleia, aunque aún quedarán por verse nuevos episodios protagonizados por el arqueólogo Eliseo Gil, quien presentó al público centenares de piezas de distintos materiales con inscripciones en euskera y latín vulgar, jeroglíficos egipcios, referencias cristianas y célticas, etcétera que revolucionaban supuestamente la historia de Roma y que se ha demostrado que no son verdaderas.
Su empresa, Lurmen, SL, interpuso ayer un recurso ante el juez para que paralice el desarrollo del convenio entre la Diputación y la UPV con el fin de impedir que otro equipo investigador entre en el yacimiento.
Pese a estas rémoras, el futuro de Iruña-Veleia no tiene marcha atrás. El Gobierno vasco ya ha respaldado el plan director, y se está a la espera de la respuesta del Ejecutivo español y del Ayuntamiento de Iruña de Oca, "sin olvidar empresas privadas", añadió López de Lacalle, quien insistió en poner en valor la dimensión histórica del enclave.
Tras casi dos años con las excavaciones paradas, en principio, el nuevo equipo que dirige el profesor de la UPV Julio Núñez, un referente en estudios romanos del Departamento de Arqueología de la UPV, limpiará y restaurará todo el yacimiento para abrirlo al público cuanto antes. Además, multiplicará por cien el espacio visitable hasta alcanzar 17.000 metros cuadrados. "El reto es tener para la primavera próxima una herramienta que ofrezca un escenario de futuro a Iruña Veleia", explicó la diputada.
En esta nueva etapa se pretende contextualizar Iruña Veleia en el marco de la Vía Astorga-Burdeos, de la que era una estación estratégica. Para ello se propone presentar al público el marco general de la ciudad con su entrada y salida, con un contexto que la ubicará en relación con los pueblos pre-romanos de la zona.
Otro de los pilares de la propuesta presentada por la UPV son la integración de la muralla; su restauración, conservación y rehabilitación; la conexión directa de Veleia con el Bibat para multiplicar las posibilidades que encierra el enclave, y complementar el yacimiento con el paseo natural por la zona de Trespuentes para conformar un eje de atracción integral.


Un peritaje grafológico ahondó en la presunta falsedad de las piezas arqueológicas que revolucionaron Euskadi en 2006

Una letrina de conglomerado con graciosas inscripciones se ha convertido en la nueva estrella del culebrón Iruña-Veleia.
Septiembre de 2004, jornadas lúdicas de puertas abiertas en el yacimiento alavés, considerado el más importante del País Vasco. Miles de vecinos se acercan a visitarlo, hace un día espléndido. Hay reproducciones de tiendas de campaña romanas, de jarras, de costureros de la época. Incluso un grupo de actores húngaros vestidos de gladiadores romanos animan la fiesta. Pero la estrella es esa letrina de tres asientos (sí, los romanos lo hacían en grupo) que se ha recreado con fines didácticos. El artilugio exhibe unos simpáticos dibujos, como todo buen aseo que se precie: un pene con alas, la figura de un tribuno, curiosas inscripciones en latín...

"Me considero en medio de una persecución mediática impresionante", dice el arqueólogo expulsado del yacimiento.

Dos años después, en 2006, el director de la excavación, Eliseo Gil, presenta en sociedad unos hallazgos bautizados como excepcionales que sitúan la cuna del euskera en ese enclave; aparece una pieza con un calvario del siglo III. Iruña-Veleia da la campanada. En noviembre de 2008 cae el jarro de agua fría: una comisión de 26 expertos destapa el escándalo de la presunta falsedad de las piezas. La Diputación de Álava presenta dos querellas, una por estafa y otra por daños al patrimonio artístico contra Eliseo Gil, ya desalojado de la excavación por supuesta mala praxis. Pues bien, ahora, la simpática letrina reaparece en escena. Un informe encargado por la Diputación Foral de Álava afirma que la mano que dibujó en el retrete de pega coincide con algunas inscripciones de las piezas presentadas como excepcionales, según fuentes de la Diputación. Eliseo Gil, acreditado buen dibujante, ha admitido ante la jueza haber realizado dibujos de la letrina. El culebrón Iruña-Veleia llama a la puerta del excusado.
El anuncio del hallazgo de los óstracas de Iruña-Veleia causó conmoción en junio de 2006. Se empezó a comparar este yacimiento con Pompeya. Una pieza de cerámica se convertía en la primera representación de Cristo en la cruz. Otra mostraba las primeras palabras en euskera, adelantando en por lo menos cuatro siglos las anotaciones de las glosas del monasterio de San Millán de la Cogolla (La Rioja). Lo nunca visto.
En noviembre se descolgaba del proyecto un reconocido catedrático de Lingüística, el profesor Gorrotxategi. A principios de 2007, tres arqueólogos abandonaban el equipo de Eliseo Gil. Cundían las dudas sobre si lo presentado había sido suficientemente contrastado. "Hallazgos excepcionales requieren metodologías excepcionales y prevenciones más rigurosas", señala en una cafetería de Vitoria José Ángel Apellániz, uno de los tres arqueólogos que se marcharon.
El runrún y las dudas fueron creciendo. Eliseo Gil había conseguido un cuantioso patrocinio de la empresa pública Euskotren: 3,7 millones de euros para el periodo 2001-2010. Se alzaban voces que hablaban de una presentación apresurada, no suficientemente contrastada, todo por ofrecer resultados al patrocinador. En 2008, la diputada foral de Cultura Lorena López de Lacalle (EA) decide aclarar la cuestión encargando a una comisión de 26 expertos que estudien los hallazgos. Las conclusiones, en noviembre, fueron demoledoras. Los expertos desmontaban la credibilidad de piezas como la llamada Venus, de grandes protuberancias mamarias impropias de la época; o la bautizada como La Pasiega, que aparece en esta página: Julio Núñez, especialista en arqueología romana que formó parte del comité de expertos, dice que las faldas cortas y acampanadas no existían en la Antigüedad.
Eliseo Gil se apoyó en 2006 en un informe de un doctor en Física Nuclear y Química, Rubén Cerdán, elaborado a partir del análisis de un laboratorio francés, el CEA-CNRS, que supuestamente validaba los hallazgos. Cerdán se halla imputado por estafa junto a Gil. Según se desprende de su declaración ante el juzgado número 2 de Roquetas de Mar, lugar donde reside, Cerdán no pudo presentar prueba de su relación con el laboratorio francés y niega haber encargado tal informe. Preguntado el laboratorio francés, la respuesta fue que no tenía constancia de su existencia. Tampoco respondió Cerdán a las preguntas de cuál es su título universitario, ni en qué universidad está expedido. Preguntado por este periódico, Eliseo Gil dice por teléfono: "Está claro que el asunto Cerdán es un problema para mí, no se puede obviar". Gil también se apoyó en aportaciones de una supuesta egiptóloga que resultó ser una aficionada a la egiptología, según fuentes de la Diputación.
El arqueólogo expulsado del yacimiento alavés se declara víctima de este proceso. "Me considero en medio de una persecución mediática impresionante", manifiesta. Y reclama ahora debate científico y nuevos peritajes. Alicia M. Canto, profesora de Epigrafía -ciencia que estudia las inscripciones en materiales duros- de la Universidad Autónoma de Madrid, una de las primeras escépticas, es muy clara: "Él nunca ha querido exponer las piezas a un debate científico verdadero, debería haber presentado pruebas..., y no lo ha hecho".
El último capítulo de este serial que muchos internautas siguen apasionadamente a través de tres foros en la Red ha sido la irrupción del asunto letrina. El artilugio de la discordia reapareció el día en que varios comisionados por el departamento de Cultura acudieron al yacimiento. Llegaron con cinco llaves, según el relato de fuentes de la Diputación. Con una de ellas, abrieron la puerta de una nave. Allí estaba la letrina, rodeada de varias sillas plegables negras y de cajas de cartón. Las inscripciones de la letrina recordaban a las de las piezas que se han visto publicadas en la prensa. Se encargó un primer informe a una perito caligráfico que aseguró que las coincidencias eran llamativas, pero el estudio no era concluyente. Un segundo informe, y en el que se sobreponen trazos de la letrina sobre trazos de las piezas, es más contundente. Concluye que la mano que dibujó en la letrina está en algunos de los grafitos excepcionales; en estos últimos han intervenido, además, más manos. El informe ya se entregó al juzgado la semana pasada, según la Diputación; circunstancia ésta que a Eliseo Gil no le consta, desconoce el contenido del segundo informe, dice. Hay un tercer informe en marcha.

La juez archiva la querella de un patrocinador por el fraude de Iruña

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria ha sobreseído una querella contra el arqueólogo Eliseo Gil e Idoia Filloy, directivos de la empresa Lurmen y responsables del yacimiento romano de Iruña-Veleia cuyos hallazgos resultaron falsos, presentada por la sociedad pública Euskal Trenbide Sarea (ETS), que patrocinó junto a EuskoTren las excavaciones. La juez entiende que "no aparece suficientemente justificada" la existencia de una infracción penal, puesto que el acuerdo de mecenazgo se firmó cuatro años antes de la aparición de las inscripciones en euskera y dibujos de temática cristiana calificadas por Gil de "excepcionales" en junio de 2006. El fallo es recurrible.
La sentencia argumenta que los arqueólogos no tenían el propósito de engañar a la empresa al presentar los hallazgos, debido a que la aportación no estaba condicionada a su aparición, según adelantó Noticias de Álava. La justicia aún debe pronunciarse sobre la querella de EuskoTren por el mismo motivo (ambas compañías compartían desde 2004 el patrocinio), y la presentada posteriormente por la Diputación de Álava.
Sobre el perjuicio de imagen invocado por ETS por el fiasco, la sentencia, siguiendo la opinión del fiscal, resuelve que para exigir reparaciones bastaba con acudir a la vía civil y mercantil. Añade que, de existir un delito contra el patrimonio arqueológico, la empresa debería acudir como acusación popular y no como perjudicada.

La Diputación alavesa relegó a Amelia Baldeón a un museo de segunda fila por su relación con el fraude de Veleia

La diputada de Cultura alavesa, la peneuvista Lorena López de Lacalle, ordenó el traslado de la técnica responsable del Museo de Arqueología provincial, Amelia Baldeón, al Museo de Armería, una entidad de segunda fila, por su pérdida de confianza en la funcionaria. Aunque Baldeón mantuvo la misma categoría y la orden foral argumenta que la medida obedece a una reorganización del departamento, no cabe duda de que el cambio supuso una degradación para Baldeón por su implicación interesada en la defensa de los "hallazgos excepcionales" de Iruña Veleia, centenares de piezas inscritas (ostrakas) fechadas en época romana que son falsas.


Dichos restos de cerámica, ladrillo o huesos contienen inscripciones en latín y euskera, jeroglíficos egipcios y representaciones cristianas, paganas y hasta célticas, que los descubridores, Eliseo Gil e Idoia Filloy, directores de la empresa Lurmen, concesionaria de la excavación, dataron en el siglo III. En su mayor parte están inscritas sobre materiales originales, pero manipuladas en época reciente, según el informe de la comisión de expertos que analizó estas epigrafías, que han sido consideradas por López de Lacalle como "el mayor fraude arqueológico de la historia en la Península Ibérica".
Las dudas en distintos foros, sobre todo en Internet, surgieron poco después de su presentación en junio de 2006. Baldeón hizo oídos sordos a advertencias como la de la profesora titular de Epigrafía de la Universidad Autónoma de Madrid, Alicia Canto, o la más cercana, del catedrático de Filología Indoeuropea de la UPV, Joaquín Gorrochategui. Dos semanas después de que el equipo de Gil ofreciera un adelanto de sus "hallazgos" correspondientes a las campañas de 2005 y 2006, Gorrochategui comunicó a la directora del Museo de Arqueología sus profundas dudas sobre la veracidad de las inscripciones, de lo que Baldeón no informó a sus superiores.
Aunque recientemente ha negado su implicación en la excavación de Veleia, Baldeón mantenía una relación fluida con el equipo de Gil, que creció desde 2006, como reveló la diputada de Cultura ante las Juntas Generales en febrero pasado. López de Lacalle ya pensaba en su relevo al frente del Museo de Arqueología casi desde que accedió al cargo, ante la actitud poco colaboradora en el esclarecimiento del fraude.
El traslado al Museo de Armería es un procedimiento independiente del expediente que la Diputación, por encargo de su responsable, Xabier Agirre, ha abierto a Baldeón para estudiar las irregularidades de su gestión en el museo durante estos últimos años. Baldeón llevaba al frente del museo desde la Transición y llegó a ejercer como directora del Departamento de Cultura en los ochenta, cuando Álava vivió su otro gran fraude arqueológico, el de las pinturas prehistóricas de Zubialde.
Doctora en Arqueología y experta en el Paleolítico, Baldeón se sobrepuso de aquel caso y mantuvo el cargo, pero su implicación en el fraude de Veleia no le ha permitido salvar la plaza en esta ocasión. Su puesto estaba vinculado con el nuevo Bibat, el complejo museístico que unirá la colección de Naipes Heraclio Fournier y la de arqueología en un nuevo edificio diseñado por Patxi Mangado. El Departamento foral de Cultura aún no ha hecho público quién dirigirá este complejo, que se inaugurará el próximo 26 de marzo, y en el que Baldeón había reservado un espacio especial para el fraude de Veleia.


Cronología:

- Junio de 2006: Los "hallazgos excepcionales" de Veleia se presentan en dos ruedas de prensa, una de ellas en el Museo de Arqueología, que dirige Amelia Baldeón. Días después, Baldeón recibe una carta del catedrático Joaquín Gorrochategui, que muestra serias dudas sobre la autenticidad de los hallazgos. Baldeón no da informa de esta carta a sus superiores.



- 2006-2008. Baldeón participa activamente en la difusión de los "hallazgos".



- 2008. Baldeón había encargado un vídeo sobre las excavaciones de Iruña-Veleia y sus piezas, y reservado espacio para las mismas en el nuevo Museo de Arqueología.





Opiniones de expertos sobre los hechos denunciados:



El 5 de agosto de 2006 una camiseta causó furor entre algunos de los alaveses que celebraban las fiestas patronales de Vitoria. En ella aparecían tres palabras en euskera: Ian Edan Lo. Que significan: comer, beber, dormir. Tres palabras que se habían hallado grabadas en unas piezas de cerámica en el yacimiento romano de Iruña-Veleia, a escasos 11 kilómetros de Vitoria. Tres palabras que daban un volantazo a la historia y situaban en esa ciudad tardorromana los primeros testimonios en lengua vasca.


La camiseta, que la gente exhibía con orgullo, era la más palpable expresión de una ilusión colectiva que ahora se desploma. El culebrón de este yacimiento romano que en 2006 se vendió como cuna del euskera y que, además, fue presentado como referente de la emergencia del cristianismo en la Roma del siglo III, está a las puertas de la fase judicial, última parada con la que se pretende resolver el monumental entuerto. La Diputación Foral de Álava presentó en diciembre de 2008 ante la Fiscalía de Vitoria-Gasteiz una denuncia contra la empresa Lurmen SL, concesionaria de las excavaciones. La demanda plantea un presunto delito de ataque al patrimonio cultural.
En el origen hay un hallazgo excepcional de los que cambian la historia en el que está considerado como el yacimiento más importante del País Vasco; un patrocinio mayúsculo con escasos precedentes en España (3,72 millones de euros) que una empresa pública dependiente del Gobierno Vasco, Euskotren, asigna a un proyecto para el periodo 2001-2010; y unas piezas increíbles que se presentan a los medios de comunicación antes de contrastarlas frente a la comunidad científica. Este hecho último determina la trama del culebrón: el salto del lógico descubro-contrasto-anuncio al aventurado descubro-anuncio-y ya contrastaré es el que produce todas las distorsiones en este caso. Hay además una comisión científica asesora de 26 expertos que, tras suscribir un protocolo de confidencialidad, trabaja durante todo 2008 para aclarar la cosa y presenta un informe demoledor que dice que se trata de un fraude; informe que propicia el cierre de las excavaciones. Y finalmente, para rematar, hay un arqueólogo que prefiere no entrar en el debate de la autenticidad de las piezas y que clama contra el modo en que ha sido desalojado: le dan diez días para que haga sus alegaciones pero le cierran la excavación, de modo que no puede acceder al material que le podría permitir articular su defensa.



En la cafetería de un hotel del centro de Vitoria, el profesor Gorrotxategi recuerda que fue en mayo de 2006 cuando Eliseo Gil le llamó para que viera las primeras piezas con inscripciones en euskera. Este catedrático de Lingüística de la Universidad del País Vasco relata que tardó poco tiempo en empezar a sospechar de los sorprendentes hallazgos. Pero el caso es que participó en la presentación de los mismos.
Primero le llamaron la atención las inscripciones en latín de algunas piezas. "Me parecía un latín muy vulgar", asegura. Las palabras en euskera le sorprendieron, pero intentó buscar una explicación. "Veía que el vasco era muy moderno". Asegura que el mismo 19 de junio de 2006, once días después de la presentación, expresó sus primeras dudas al arqueólogo Eliseo Gil. Y no tardó en trasladárselas a las autoridades. Ahora, tras formar parte de la comisión científica asesora, es más que contundente: "Los 65 óstracas [piezas de cerámica] vascos son falsos. Todos".
Los hallazgos no sólo fueron inscripciones en euskera. Había piezas con iconos sorprendentes. Cuando se presentó a los medios, Eliseo Gil contó un bello cuento de un paedagogium en que un maestro egipcio instruía a niños de familias pudientes, por eso había también piezas con jeroglíficos. "Tuve que componer un relato que fuera comprensible para el público", se justifica ahora el arqueólogo alavés.
El 8 de enero de 2007, tres arqueólogos que formaban parte del equipo de Gil abandonaron las excavaciones. "Lo hicimos por motivos profesionales y personales", manifiesta uno de ellos, José Ángel Apellaniz. "Es importante que la justicia intervenga, hace falta luz y taquígrafos. Y si vienen a preguntarme, contaré lo que vi y lo que no vi".
Julio Núñez enchufa una llave USB en un ordenador portátil de un despacho de la Universidad del País Vasco y empiezan a aparecer fotos de algunas piezas. Este arqueólogo, profesor titular de la Universidad del País Vasco, es otro de los 26 expertos de la comisión. A principios de abril de 2008, recibió 112 imágenes de las óstracas. "Me encontré con un grupo de piezas increíbles y ante una situación anómala científicamente", explica. "No había una hipótesis argumentada, que es la base de cualquier trabajo científico".
En la pantalla del ordenador, se van sucediendo las imágenes de piezas. Aparece la primera que empezó a sembrar dudas cuando se difundió: la imagen de un hombre crucificado y sobre su cabeza, lo que parece un RIP. "Es imposible que un cristiano ponga RIP en un crucifijo, es contradictorio", declara sin asomo de dudas la profesora de Epigrafía de la Universidad Autónoma de Madrid Alicia M. Canto, una de las primeras escépticas que empezó a animar el foro de celtiberia.net, gran alimentador del runrún que propiciaría las dudas en torno a los hallazgos. "¿Y quién dice que pone RIP?", rebate Eliseo Gil.
Las piezas están a buen recaudo en el Museo de Arqueología de Álava. Una de ellas muestra a una mujer con grandes pechos, cintura estrecha, y una mano en la entrepierna. Julio Núñez pasa de la indignación seria a la risa indignada al ser preguntado por esta pieza. "El desnudo femenino en la antigüedad es símbolo de pureza. Se representan diosas, alguna emperatriz. En esta pieza no se sabe bien que está haciendo la Venus. Los atributos mamarios no son de la época". Núñez señala que las incisiones no llegan al borde de la pieza, afirma que en este caso resulta evidente que alguien hizo la inscripción sobre la óstraca. "Las piezas son auténticas", asegura, "pero los grabados, no".
Preguntado por la pieza de la Venus, Eliseo Gil se defiende. "A mí me parece posible que pertenezca a esa época. Puede ser arte popular". El arqueólogo sostiene que el análisis iconográfico que se ha hecho en la comisión es poco consistente. "Yo estaba en un proceso de investigación y deposité mi confianza en una comisión de investigadores. Hay unos expertos que opinan unas cosas y otros que opinan otras". Y defiende su método arqueológico: "El proceso de investigación puede tener sus carencias, pero se ha hecho con el mayor rigor posible". Gil, de 47 años, vive días difíciles. Presentó el miércoles pasado sus alegaciones y ahora esperará a ver si la Fiscalía remite la documentación al juez. "Lo que me impulsa a no ahorcarme cuando una vecina me llama falsificador es la defensa de mi honor", declara mientras apura un café en un bar de Vitoria.
El culebrón de Veleia ha revivido el fantasma de Zubialde, la cueva del monte Gorbea que en 1991 se presentó como la capilla sixtina del arte rupestre y que resultó ser falsa.


Varios expertos arqueólogos consultados coinciden en que el caso de Iruña Veleia ha sido muy extraño desde el principio y no muestran grandes dudas sobre la falsedad de algunas de las piezas. "Esas piezas se las han colado", explica sin ambages Enrique Baquedano, arqueólogo de campo y director del Museo de Arqueología de Madrid. "Nuestro afán de descubrir es muchas veces superior a nuestro control de las emociones. Hay un momento en que uno se vuelve loco y es difícil aguantar a tenerlo todo refrendado para contarlo". Baquedano recuerda además que todos los nacionalistas siempre han intentado instrumentalizar a los historiadores y, por tanto, a los arqueólogos.


Del mismo modo, los arqueólogos consultados coinciden en que la manera de desalojar a Eliseo Gil no parece de recibo. Es éste el punto fuerte en el que se han basado las alegaciones que presentó el miércoles el ahora ex director de las excavaciones. Fernando Molina, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Granada, lo deja claro: "Al arqueólogo hay que darle todas las facilidades posibles para que se pueda explicar ante la comisión".
Eliseo Gil se escuda en otros expertos que avalan su trabajo. En la web de Iruña-Veleia, presenta un "dictamen científico" de la arqueóloga Carmen Fernández Ochoa. "Eso no es un informe, es una tomadora de pelo", opina Ignacio González Tremiño, arqueólogo que dirige los trabajos en la necrópolis de Carmona (Sevilla). Este periódico intentó hablar con Fernández Ochoa, que rehusó una entrevista pero envió un correo electrónico en el que se refiere al dictamen como "breve nota pericial" y escribe: "No deseo entrar en la polémica suscitada por la interpretación de los grafitos, asunto éste sobre el que ya se han pronunciado expertos cualificados".


Difusión de los hallazgos:



El arqueólogo Eliseo Gil, director de la empresa Lurmen, S. L., concesionaria de las excavaciones, había presentado éstos y otros descubrimientos ante los técnicos y políticos del departamento foral de Cultura en 2005 y 2006. Amelia Baldeón, como responsable del museo, los recibió sin ningún reparo, con plena confianza en la autenticidad de piezas que incluían vestigios cristianos, primeras palabras en euskera, jeroglíficos egipcios o sentencias latinas como "Ad Maioren Dei Gloriam", atribuida a San Ignacio de Loyola, en el siglo XVI.
No hay noticia de que solicitara a Eliseo Gil que documentara los hallazgos in situ, es decir, con imágenes fotográficas o grabaciones de vídeo que mostraran cómo se descubrieron los trozos de cerámica y otros materiales en las que luego aparecieron los cuestionados grafitos tras el lavado. Baldeón tampoco puso en duda la autenticidad de las más de 300 inscripciones ni adoptó la cautela de solicitar informes científicos de contraste.
Se limitó a guardarlas en la caja fuerte del centro, sin más. Cuando Eliseo Gil se decidió a presentar en público un primer grupo de inscripciones el 8 de junio de 2006, once meses después de encontrar las primeras piezas escritas, Baldeón participó en aquel multitudinario acto. Una semana más tarde, abrió las puertas del museo a los medios de comunicación en lo que fue la puesta en escena del segundo grupo de cerámicas inscritas, las relativas al euskera. En esta ocasión, la responsable de cuidar por los hallazgos arqueológicos alaveses tampoco cuestionó el proceso de divulgación sin contraste científico previo que ponía en marcha el director de Lurmen, S. L.
En enero de 2007, José Ángel Apellaniz, Miguel Ángel Berjón y Carlos Crespo, los tres únicos arqueólogos titulados que trabajaban en esa empresa (además del director, Eliseo Gil, y la subdirectora, Idoya Filloy), abandonaron el proyecto. Ni siquiera entonces la directora del Museo de Arqueología movió ficha y avisó a la Diputación de la necesidad de revisar el caso.
El nombramiento de Lorena López de Lacalle como diputada de Cultura a finales de 2007 llevó a que se pusiera en marcha una comisión de expertos para estudiar los "hallazgos excepcionales", en la que también participó Amelia Baldeón. En agosto de 2008 todavía reivindicaba en una entrevista concedida a este diario (con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de Vitoria) la importancia de las piezas de Veleia, que calificó de "calidad indudable".
El 19 de noviembre, esta comisión presentó sus conclusiones demoledoras, que ya se habían ido anunciando desde un año antes. Todo era un fraude. Grafías desconocidas, el uso de minúsculas, sentencias como "si vis pacem para iustitiam", que es del siglo XX, ausencia de sintaxis en muchas leyendas y jeroglíficos incomprensibles.
Ante este panorama de irregularidades, Amelia Baldeón, responsable de guardar esas piezas que iban a centrar el nuevo Museo de Arqueología, optó por el silencio. No respondió a la prensa al día siguiente de conocerse el dictamen de los expertos, remitiéndose al Departamento de Cultura.




Paradoja deontológica:



En las jornadas organizadas entre 19 y el 21 de octubre de 2006 en el museo de Navarra por la Asociación de Museólogos Profesionales de España, Amelia Baldeón participó con la ponencia "Deontología y responsabilidad profesional: el caso de los museos de Arqueología", en la que recogía una serie de reflexiones que quizás debiera haber puesto en práctica en su propio centro con los hallazgos de Veleia. Precisamente, éste es el único artículo de carácter metodológico que recoge la base de datos Dialnet de la Universidad de la Rioja de la responsable durante tres décadas del Museo de Arqueología.
Amelia Baldeón (Vitoria, 1950) comenzó como arqueóloga en el trabajo de campo, en excavaciones en el País Vasco, sobre todo referentes al Paleolítico, aunque también ha participado en alguna de las primeras temporadas de Atapuerca o en las investigaciones que se realizaron en la península canadiense de Labrador en busca del pecio de un ballenero vasco del siglo XVI. Esta experiencia y su formación le llevaron a impartir clases de su disciplina en la Universidad del País Vasco.
Pero un día abandonó el trabajo al aire libre y de las aulas y optó por el despacho del museo de Arqueología, donde ejerce como "técnico responsable". Quizás tantos lustros sin contacto directo con la práctica arqueológica hayan pesado en la situación crítica que vive en la actualidad, al respaldar el segundo fraude arqueológico en Álava, después del de las pinturas prehistóricas de las cuevas de Zubialde.





Posible conspiración:



Eliseo Gil, arqueólogo que llevaba cerca de 15 años al frente de este yacimiento, ha mantenido desde diciembre de 2008 que ha sido víctima de una conspiración para retirarle la concesión administrativa para trabajar en Iruña-Veleia.
En 2001 este arqueólogo consiguió revitalizar la investigación en esta ciudad romana gracias a una ayuda de 3,7 millones de euros para diez años de la empresa pública Euskotren.
En 2006, en sendos actos multitudinarios, presentó los primeros hallazgos "excepcionales", que revolucionaban la historia del Imperio Romano. Sin embargo, un año y medio después, las inscripciones sobre diferentes materiales quedaron rebajadas a la categoría de fraude. Así lo pusieron de manifiesto los expertos que el 19 de noviembre de 2008 comparecieron ante las Juntas Generales con unos informes demoledores.
El Departamento de Cultura de la Diputación alavesa, dirigido por Lorena López de Lacalle, impulsó la investigación, pero también buscó una salida digna para Eliseo Gil y su equipo. De ahí que la diputada realizara "un llamamiento directo a los comparecientes para que colaboren y pongan luz en este caso". "Nunca es tarde si el objetivo es de ese tenor. Es algo que debemos a la sociedad, que es quien finalmente ha estado financiando durante años los trabajos realizados", subrayaba en tono de advertencia. La Diputación actuó con generosidad con Gil, hasta el punto de no remitir determinados informes a la fiscalía, pero quiere enterrar ya el escándalo. López de Lacalle desea reactivar ya Iruña-Veleia, al mismo tiempo que le urge la inauguración del Museo de Arqueología, que acumula un año de retraso. "Hay que cerrar este caso de una vez y enfocar la sección de Arqueología con criterios profesionales".



La epigrafista Alicia M. Canto ha asegurado que alguien debió incluir esos grafitos con mala intención: "Podría haber sido incluso algún estudiante de los que en verano van a las excavaciones".



Una entrevista a Eliseo Gil y una presentación ordenada suya de los graffiti con inscripciones en euskera de Veleia puede ser consultada en http://www.veleia.com/. Esta página también muestra una réplica a las declaraciones de prensa efectuadas por los tres ex-trabajadores de la empresa de Arqueología Lurmen en enero de 2009.

La Justicia deja en suspenso el polígono que amenaza Numancia

La sentencia declara nula la expropiación de terrenos de la familia Marichalar

por ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS,

La construcción del polígono industrial Soria II ha recibido un nuevo revés por parte de la justicia. Ayer se conoció la sentencia que el pasado 14 de enero firmó el juez Carlos Sánchez Sanz, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria, y en la que se declara la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento de Soria para aprobar la expropiación de los terrenos (concretamente 117 hectáreas) a la familia Marichalar para construir en ellos una nueva zona industrial.

"La expropiación vulneraba las normas sobre patrimonios de suelo, las normas medioambientales y las de patrimonio cultural", señaló ayer un portavoz de la familia Marichalar, para quien esta nueva sentencia (la segunda en los últimos meses que frena el proyecto) ratifica que en Numancia no se puede construir porque supone un irreparable atentado al patrimonio paisajístico, cultural, histórico y arqueológico.

Supondría una "catástrofe", aseguran los detractores del plan, para lo que hoy queda del lugar que Escipión el Africano recorría triunfal en el 134 antes de Cristo. Un paisaje de lomas, llanos y bosque cruzado por los ríos Duero y Tera que ahora defienden instituciones como las reales academias de Bellas Artes y de la Historia, el Departamento de Historia Antigua de la UNED, la Sociedad Española de Estudios Clásicos o el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). Todos ellos han manifestado su preocupación por los daños irreversibles que acarreará la construcción de un nuevo polígono. "Sobre todo", añade el portavoz de la familia Marichalar, "cuando Soria ya cuenta con Valcorba, que tiene unas reservas de suelo industrial para 30 años".

El acuerdo municipal original se remonta a junio de 2005. Entonces, el Ayuntamiento gobernado por el PP y la Junta de Castilla y León, de igual signo político, firmaron el acuerdo (a través de la empresa de la Junta Gesturcal) para la creación de una nueva zona industrial en suelo público. En 2006 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin que se incluyera Soria II, pero pocos días antes de las elecciones municipales de 2007 se introdujo una modificación del plan que sí permite su construcción. Unos meses más tarde se aprobó la expropiación a los Marichalar.

El fallo hecho público ayer se fundamenta en el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) que anulaba a finales de diciembre dicha modificación del PGOU aprobada por el Ayuntamiento y la Junta nueve meses después de haber culminado la revisión del anterior plan. Además, este juzgado ya había dictado dos autos acordando suspender cautelarmente la expropiación de los terrenos. "Es indudable", señalaba el dictamen, "que existe un interés general en proteger todo el entorno de Numancia que podría quedar irreversiblemente dañado con la ejecución inminente de las obras del futuro polígono industrial Soria II".

Según informe elaborado por la propia empresa de la Junta de Castilla y León, Gesturcal, la construcción del polígono Soria II afectaría a siete Bienes Declarados de Interés Cultural: el yacimiento de Numancia y el Cerco Romano de Garray, el casco antiguo de esa ciudad, la margen izquierda del río Duero, el claustro de la iglesia de San Pedro, la iglesia y el claustro de San Juan de Duero y su muralla medieval. También afectaría a edificios singulares y zonas de protección arqueológica como el puente sobre el Duero, Nevero, San Millán, Santa María del Puente, el monasterio de San Agustín, así como una casa particular de los siglos XVI y XVII.

Un veterano arqueólogo denuncia la ineficaz política contra el mercado clandestino

Fernando Fernández, ex director del Museo Arqueológico de Sevilla y del conjunto de Itálica, con casi 40 años de experiencia, ha declarado al diario "Público" que es ineficaz la política contra el mercado clandestino de antigüedades y cuestiona el resultado de la operación policial "Tertis", una de las mayores de la historia.

En declaraciones a Efe, ha señalado que la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía "se ha negado siempre a adquirir piezas arqueológicas, pensando que era una manera de luchar contra las excavaciones clandestinas; y es posible que fuera así, si nadie comprara, pero en un mundo en el que todos compran, sobre todo los museos extranjeros, el que no compremos nosotros a nada conduce, más que a perder las piezas."

La Ley de Patrimonio dice que un objetivo prioritario será la recuperación del patrimonio andaluz que esté fuera de la región, pero, según el arqueólogo, "no se hace nada por evitar que salga, por lo que deberíamos reconocer que, si no somos capaces de evitar que se excave clandestinamente, hemos de comprar las piezas que están en el mercado antes que salgan al extranjero y haya que comprarlas a más alto precio."

"En el Museo de Mainz (Alemania) se ha hecho una tesis doctoral con los vidrios que posee procedentes de la Bética; y se ha escrito un grueso volumen recogiendo los broches de cinturón de bronce visigodos hallados en Andalucía. ¿No hubiera sido mejor evitar que se fueran?", ha puesto como ejemplo.

"Todo no puede hacerlo la Policía y la Guardia Civil; porque además luego el juez dice que todo eso que ellos han recogido en puestos de venta ambulante o registros domiciliarios debe devolverse a sus legítimos propietarios, porque no hay pruebas de que sean piezas procedentes de excavaciones clandestinas", ha señalado en alusión a la operación Tertis, una de las mayores de la historia contra el tráfico clandestino de piezas arqueológicas.

Ha insistido en que "la lucha contra las excavaciones clandestinas está mal enfocada, la solución está en las autoridades locales, que son, por otra parte, las responsables de la conservación de su patrimonio, pero se preocupan más de crear museos que de vigilar a quienes ellos saben que viven del tráfico de bienes culturales; en el fondo es cuestión de votos."

En el Museo Arqueológico de Sevilla, en estos últimos años, no ha entrado ninguna pieza por adquisición, salvo las compradas por el ministerio: "Las últimas creo que fueron las tablas de bronce de la 'lex romana de Irni", ha recordado Fernández.

"Después, siendo yo director, hice un par de propuestas más, y las adquirió también el ministerio, pero en una ocasión me obligó a entregar la pieza al Museo Arqueológico Nacional y en otra al de Mérida, aunque eran piezas procedentes de Sevilla; en vista de lo cual dejé de hacer más propuestas", ha explicado.

"El Ministerio compra, directamente y en las subastas públicas, y ejerce, como debe, los derechos de tanteo y de retracto, por si alguna pieza de interés se le escapa inicialmente poderla recuperar pagando lo que se pagó por ella o lo que vaya a pagarse en el momento de la venta; el comercio está permitido, lo que está prohibido y debe evitarse, y contra lo que se debe luchar es contra las excavaciones clandestinas."

Ha añadido que hay que "dar ejemplo", o sea que "no puede castigarse a un hombre porque esté haciendo un agujero para sacar una moneda y permitir que se destruya un monumento como el de Cercadillas, en Córdoba, o el subsuelo de la Encarnación, que llegó a calificarse del Gugenheim de Sevilla".

"La desproporción es tal que si a aquél, que será un parado que rellena sus horas de ocio buscando algo por el campo, hay que ponerle mil euros de multa, y habrá que ponérselos, a los otros habría que ponerles cadena perpetua", ha dicho el arqueólogo.

Algunos ayuntamientos también compran piezas, y crean sus museos, ha señalado, para preguntarse "de qué excavaciones proceden las preciosas piezas tartésicas del Museo de Cabra" (Córdoba), inaugurado hace unos años por la que fue consejera y ministra de Cultura, Carmen Calvo.

Cultura paraliza un plan urbanístico que quiere partir en dos el barrio marinero de Valencia, declarado conjunto histórico

El Ministerio de Cultura califica de "expolio" el proyecto de Rita Barberá para El Cabanyal.

por SARA VELERT.

El Ministerio de Cultura paró ayer en seco el plan estrella de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), para el barrio marinero de El Cabanyal. Tras más de una década de polémicas y procesos judiciales por un proyecto que pretende partir en dos una singular trama urbana a costa del derribo de más de 400 edificios para prolongar una avenida hasta el mar, el ministerio emitió una orden que declara el plan un "expolio del patrimonio histórico". Cultura ordena, en consecuencia, que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, que apoyó el proyecto, procedan a la "suspensión inmediata" del plan en tanto "no se adapte y garantice los valores histórico-artísticos del barrio valenciano".
La decisión del ministerio que dirige Ángeles González-Sinde da un vuelco espectacular a una larga controversia que ha enfrentado al Ayuntamiento con los vecinos, opuestos al plan aprobado en 2001, y la oposición (socialistas y Esquerra Unida). La resolución es consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2009, en la que se exigió al ministerio que se pronunciara específicamente sobre si el plan implicaba un expolio patrimonial, tal como denunciaban los vecinos.
Con este fallo, el Supremo reabrió un caso que el mismo tribunal parecía haber zanjado en marzo de 2008, cuando aceptó la partición del barrio a pesar de que el plan afectaba a una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de conjunto histórico. Los magistrados, que confirmaron un fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano, consideraron que prevalecía el interés general de regenerar un barrio degradado sobre la protección de una trama urbana que discurre paralela y perpendicular al mar y atesora algunos de los mejores ejemplos a la arquitectura industrial y civil del siglo XIX con viviendas inspiradas en el modernismo.
Ahora, el ministerio, "en cumplimiento" de la sentencia de mayo, como recalcó ayer, ha revisado los numerosos informes en torno al proyecto urbanístico del barrio y concluye que implica un "expolio del patrimonio histórico de El Cabanyal". La decisión la avalan, entre otros, estudios aportados por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Real Academia de la Historia y "el propio ministerio, tal como es preceptivo". La orden de paralizar el plan, por otra parte, no hace "más que ratificar el informe negativo" que realizó en 2000 la propia Consejería de Cultura valenciana y que después ignoró.
La declaración del ministerio considera que el plan de El Cabanyal prescindió de los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del conjunto, que con la apertura de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar perdería su singularidad.
El gobierno de Barberá no ocultó su enfado y calificó de "vergonzosa e irritante" la forma de comunicar la resolución con una "nota de prensa", y en su opinión, "con alevosía" por las fechas "festivas". El Ayuntamiento, que puede recurrir ante la Audiencia Nacional, esgrimió a su favor varias sentencias favorables y aseguró que la decisión sólo afectaría a la zona BIC del barrio.
La plataforma vecinal Salvem El Cabanyal, por su parte, proclamó su "satisfacción absoluta tras 11 años muy duros" y reclamó una rehabilitación del barrio sin destrucción de sus valores. Así lo defendió también la senadora y portavoz socialista en el Ayuntamiento Carmen Alborch, que consideró la decisión "justa, histórica y esperanzadora" para un barrio cuya degradación "se ha permitido" desde el consistorio.

El Ayuntamiento de Murcia quiere desmontar el yacimiento arqueológico de la Murcia árabe para recolocarla después

El Rey Alfonso X el Sabio pisó el mismo suelo que hoy, casi 800 años después, atraviesan atareados los arqueólogos que investigan el descubrimiento -"inusitado por su extensión"- del céntrico solar de San Esteban. Aquí, casi en el ombligo de Murcia, han aparecido en los últimos meses los muros de 48 casas árabes, siete palacios y hasta una pequeña mezquita con la base de su minarete. Los restos se extienden por debajo del Palacio de San Esteban, un convento del siglo XVII que actualmente es sede del Gobierno regional. Todo en una hectárea de terreno.En ese mismo lugar hay proyectado, desde hace varios años, un aparcamiento subterráneo que el Consistorio de Miguel Ángel Cámara (PP) dice querer compatibilizar con el hallazgo. El método elegido es desmontar los restos para reconstruirlos sobre el aparcamiento. La polémica, y el hallazgo, nació hace seis meses con las obras de construcción del aparcamiento que promueve el Ayuntamiento, apoyado en la empresa La Generala. Tras las primeras catas arqueológicas, los restos de la Murcia árabe empezaron a aflorar.
Según la descripción de los técnicos, "se trata de un entramado urbano en torno al palacio y la iglesia de San Esteban dividido en dos partes: un gran barrio con algo menos de una cincuentena de casas pequeñas y un conjunto de complejos palatinos presumiblemente para hospedar a altos dignatarios de la época". El mapa del yacimiento se completa con una gran avenida, un pequeño oratorio, la base de un minarete y una pequeña necrópolis donde no se descarta la localización de restos humanos.
Estos días se ha conocido el informe de los técnicos de la Dirección General de Bellas Artes de la Comunidad. Su responsable, Enrique Ujaldón, no ha dejado a nadie indiferente: propone sacar los restos del terreno para "preservarlos de la humedad, poder seguir excavando y que se pueda construir el párking subterráneo". Tras la construcción del aparcamiento, se colocarán encima, creando un parque arqueológico en pleno centro de la ciudad.
Esta decisión técnica no ha gustado a algunos expertos arqueólogos. De hecho, el mismo día en el que se conocía el informe, una parte del equipo que trabajó en la excavación, encabezado por su codirector, ha pedido que se conserven los restos in situ y ha expresado su voto particular sobre esta cuestión. Denuncian que "desmontar y mover los restos es destruirlos" y que "no hay precedente de una decisión como esa porque situaría a Murcia, y España, en una situación de ridículo mundial".
Sin embargo, el informe ha sido recibido con agrado por el gobierno municipal de Murcia, que ve con buenos ojos que se conserven los restos, siempre y cuando sean compatibles con el aparcamiento. El Ejecutivo autonómico, apoyado en su Consejería de Cultura, también lo respalda. Los dos departamentos, ambos del PP, han reiterado en los últimos días las críticas "a aquellos que se atreven a dudar de la honorabilidad de los técnicos".
Sin embargo, ese grupo es cada vez más numeroso. Se oponen al proyecto expertos en arqueología como el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Julio Navarro, profesores universitarios como García del Toro, el Colegio de Arquitectos liderado por Francisco Camino, la oposición política (PSOE e IU), la Plataforma por la Movilidad de Murcia y los ecologistas. También se ha generado un movimiento de intelectuales y profesionales de la cultura de Murcia, que ha firmado la llamada Carta de San Esteban. Por último, se ha creado una plataforma en la red social Facebook denominado Proteger los restos de San Esteban, que ya supera los 5.000 afiliados y que está sirviendo de base para organizar las concentraciones contra el traslado de los restos.
El pasado jueves, varios vecinos de la ciudad se dieron cuenta de que unos 40 operarios estaban cargando en palés de madera pequeñas piezas de ladrillo provenientes del yacimiento. Saltaron todas las alarmas y, ya por la noche, un grupo de ciudadanos puso una denuncia ante la Guardia Civil por "expolio arqueológico". La versión oficial de la Consejería de Cultura murciana es que los restos arqueológicos del yacimiento de San Esteban no han comenzado a desmantelarse. Según Enrique Ujaldón, "el proceso de desmontaje sólo se hará cuando se presente el proyecto pertinente que asegure la perfecta conservación de los restos arqueológicos hallados". Las distintas plataformas no se fían y van a continuar las movilizaciones. Mañana, a las 17.00, se ha convocado una nueva concentración junto al yacimiento.
Los murcianos aún recuerdan la noche, en la década de los sesenta, en la que las excavadoras destruyeron unos baños árabes.

Martín Almagro: "El Estado debe efectuar esa labor [de protección] y no puede mirar para otro lado. Debemos exigir que hagan lo que tienen que hacer".

por J.G.C. (ABC)

Hablar con Martín Almagro de la situación del Patrimonio Arqueológico es desalentador. Su diagnóstico es más pesimista que cualquier otro. Se indigna al pensar en cómo se permitió actuar a Odyssey y lo compara con alguien que entrara a robar en un yacimiento romano... «Detecto en la Junta que muchos responsables son incompetentes o mafiosos porque si no no se explica lo ocurrido en el yacimiento submarino más importante del mundo, que se supone que está a su cargo».
El arqueólogo y académico denuncia «la falta de medios y gente capacitada. Aquí quitan unas vigas de la Mezquita y luego salen a la venta en Sotheby´s, y ¿ha dimitido alguien? O pensemos en Medina Azahara, un yacimiento único en el mundo, que ha sido urbanizado ilegalmente y con una sentencia del TSJ andaluz que lo condena no se ha puesto remedio...»
Sobre el roce por el convenio con Defensa para que participen barcos de la Armada dice que «si eso se llega a hacer con eficacia sería una enorme ventaja para Defensa porque experimentarán en campos complementarios a su labor, y para Cultura por el respaldo tecnológico al patrimonio. Además, conjuntando esfuerzos se rentabilizarán los gastos.»
La principal misión será ahora «fichar personas capaces y no amigos, porque es un tema complicado y técnico. Uno no pide pilotar un avión a un amigo, sino a un buen piloto, y aquí habrá que saber pilotar la gestión y la tecnología».
El siguiente paso, «si este se logra, y soy escéptico, es montar en equipo un ambiente de trabajo, porque tenemos el mayor patrimonio del mundo, y jerarquizar los medios y los fines: es urgente empezar por un galeón, porque la primera navegación global que hubo es patrimonio de la humanidad».
«Esta es una labor de nuestra generación y lamentaremos no llegar a verlo así. No es sólo el problema de la Junta. El Estado, por la Constitución y otras leyes, tiene la obligación de efectuar esta labor y no puede mirar a otro lado. Si no lo hacemos será la sociedad entera la que falla. La democracia debe exigir que hagan lo que tienen que hacer, eso no es pasarse de críticas. Basta de gente que cree que democracia es envolverse en la bandera de su pueblo».

El salario de los arqueólogos se desploma

por JUAN M. NIZA

La crisis, los contratos oficiales y de promotoras a determinadas empresas de servicios de arqueología, la reducción de la actividad constructora pública, la existencia de convenios y fórmulas de contrato especiales en la Administración local y autonómica... Estos son algunos de los factores que han llevado a que cerca de un centenar de arqueólogos cordobeses hayan pasado a cobrar en solo cinco años de 3.000 euros por un mes de trabajo especializado a percibir solo entre 1.000 u 800 euros por la misma labor, informa José Manuel Bermúdez, secretario de la sección de CNT-Arqueología.
Esta situación fue una de las que se abordaron ayer en la reunión concedida por el alcalde, Andrés Ocaña, a los sindicalistas y a la coordinadora de protesta del gremio, un encuentro en el que los arqueólogos terminaron centrándose en la responsabilidad "si no legal, al menos moral" que tiene el Ayuntamiento en ello, explicó tras el encuentro Ignacio Muñiz, responsable de la coordinadora. Concretamente, los arqueólogos abordaron el desarrollo del convenio entre Urbanismo y la Universidad de Córdoba, que según Bermúdez perpetúa "situaciones de precariedad", no genera empleo estable y contribuye a mantener la inestabilidad en este sector.
La sección de CNT-Arqueología ya protagonizó una protesta en un reciente acto público sobre Ategua y el empleo cultural en Santa Cruz. La iniciativa despertó el interés del alcalde, que le llevó a fijar la reunión informativa celebrada ayer mismo. Según Bermúdez, los arqueólogos quieren mantener encuentros similares con responsables de otras administraciones, particularmente con Cultura.

Archivada la Operación TERTIS contra el expolio arqueológico

El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Marchena (Sevilla), José Toscano, ha ordenado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa incoada contra 31 personas acusadas de participar en una red dedicada a la sustracción y venta de vestigios arqueológicos rescatados ilegalmente de 31 yacimientos de seis provincias, diligencias depositadas en esta instancia judicial a raíz de la operación 'Tertis' contra el expolio al patrimonio histórico y cultural.
Según un auto emitido por el juez el pasado 24 de febrero y recogido por Europa Press, las escuchas practicadas por autorización judicial a varios de los detenidos "ponen de manifiesto la posible existencia de una extendida actividad consistente en, utilizando detectores de metales u horadando el suelo, aprehender restos arqueológicos" en zonas que "tienen o no la catalogación de yacimientos", en alusión a las diligencias que a comienzos de 2007 se cobraron 52 detenciones por el supuesto saqueo en diverso grado de 31 yacimientos arqueológicos de Sevilla (14), Badajoz (once), Cádiz (tres) y Málaga, Huelva y Jaén.
Entre los detenidos, cabe recordarlo, figuraban 30 supuestos expoliadores, 13 intermediarios en la venta de los objetos y nueve coleccionistas de piezas de arqueología.
No obstante, las pruebas aportadas por la investigación, que supuso inicialmente el decomiso de aproximadamente 300.000 piezas arqueológicas supuestamente expoliadas por los detenidos, no son "suficientes para mantener una imputación concreta" de hurto o robo con fuerza contra estas 31 personas, pues las diligencias han puesto de manifiesto "más que indiciriamente" la actividad del expolio, pero "no hay actividad que ponga de manifiesto la causa que permita establecer que un imputado acudió a un lugar determinado o indujo a otro a que así lo hiciera con el fin de sustraer piezas de un concreto yacimiento o lugar y que esa pieza se encuentre entras las que han sido intervenidas".
Además, las pruebas periciales practicadas por los técnicos del Museo Arqueológico de Sevilla sobre las piezas intervenidas "no permiten establecer indicios de tal conexión", pues aunque es posible datar cronológicamente cada vestigio y su procedencia "tampoco sería posible fijar la fecha concreta de su aprehensión".
En cuanto a la posible comisión de un delito de daños sobre los yacimientos arqueológicos, "la realidad de menoscabo es aquí imposible de determinar" porque "no consta en las intervenciones telefónicas conversación alguna que permita deducir que un concreto imputado se personara en un momento concreto en cierto lugar" para causar tal menoscabo al patrimonio histórico. Las escuchas, una vez más, "no hacen más que poner de manifiesto esa posibilidad, pero no la acreditan", según figura en el auto.
En cuanto al tipo de apropiación indebida, el juez nuevamente advierte de que aunque existen "serios indicios" de tal actuación a través de las pruebas incluidas en las diligencias, "no se puede determinar cuándo ni de qué modo se obtuvieron las piezas", sobreseyéndose igualmente las actuaciones en torno a la posible apropiación indebida de estos legados históricos.
La intervención bautizada como 'Tertis', con 52 detenidos que luego se redujeron a 42 imputados, dio lugar posteriormente a una nueva intervención llamada 'Dionisos' y que se saldó con la recuperación de otros 50 objetos y el arresto de otras cuatro personas relacionadas con el expolio y comercio del patrimonio histórico.

52 absueltos y gran parte de lo incautado en Andalucía se ha devuelto ya

por M. PLANELLES / J. MARTÍN-ARROYO

Unas 300.000 piezas arqueológicas, 31 yacimientos expoliados, 52 detenidos, 70 registros, 200 agentes movilizados... Finalmente, a la espera de la completa devolución de las piezas, las cifras gruesas han quedado difuminadas hasta casi borrarse por el archivo judicial.

Un 30% de las 300.000 piezas arqueológicas han sido devueltas
La Operación Tertis era un golpe monumental contra el expolio en Andalucía. Saltó en febrero de 2007, cuando, después de meses de investigación, la Guardia Civil anunció la detención de 52 personas a las que acusaba de haber expoliado y dañado 31 yacimientos arqueológicos. Se realizaron casi 70 registros y se incautaron cerca de 300.000 piezas. Una parte importante eran monedas, pero también había otros objetos de origen fenicio, ibérico, romano, visigodo y árabe. "Había sacos con trozos de cerámica y cada trozo se contó como una pieza, no eran completas", sostiene Miguel Gómez de la Rosa, abogado de 26 de los 52 acusados y especialista en este tipo de casos.
Dos años y medio después, el caso se ha quedado en nada en primera instancia. Los 52 detenidos han sido absueltos y una parte de las piezas, alrededor de un 30%, les han sido devueltas. Andalucía guerrea ahora para que el resto, que está depositado en el Museo Arqueológico de Sevilla, pase a ser propietad pública. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Marchena ya ha rechazado esta posibilidad. A la Consejería de Cultura le queda el recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial.
El artículo 44 de la Ley de Patrimonio establece que son "bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar". Es el descubridor de los restos el que debe comunicárselo a la Administración. El problema en este caso, tal y como señala el juez de Marchena, es que "no ha resultado acreditado" que las piezas fueran descubiertas con posterioridad a la entrada en vigor de la norma ni que procedan de un yacimiento concreto. Por eso, ordena la devolución de las piezas.

En Andalucía existen 13.000 yacimientos arqueológicos documentados.

El Defensor del Pueblo Andaluz lleva años alertando del expolio que sufren estas zonas. En 2007 solicitó que se acotara la venta, tenencia y uso de detectores de metales. La Ley de Patrimonio de Andalucía restringe el uso de este tipo de aparatos. Pero no ha frenado los ataques a los yacimientos. Algunos de los detenidos en la Operación Tertis pertenecían a una asociación de detectores. "Es escandaloso que se les devuelva las piezas a los expoliadores porque está acreditado que son patrimonio histórico. Pero las investigaciones deben ser más prudentes y en este caso se fue demasiado ambicioso. Las escuchas son útiles pero insuficientes", explican fuentes del caso. El juez aclara que la investigación fracasó al determinar cuándo y de qué modo se obtuvieron las piezas.

El tesoro de "La Mercedes" recuperado por Odissey volverá a España

El Gobierno de EEUU apoya a España en el "Caso Odyssey".

Cultura agradece a la Casa Blanca su posición respecto al litigo por el tesoro del "Nuestra Señora de las Mercedes"

El Gobierno estadounidense ha presentado en el tribunal de Tampa (Florida) que se ocupa del caso Odyssey "la posición oficial de los Estados Unidos en apoyo de los intereses de España", según ha destacado hoy el Ministerio de Cultura en un comunicado. "El Ministerio de Cultura agradece el apoyo del Gobierno estadounidense ya que éste representa el interés común de los gobiernos español y estadounidense por proteger la inmunidad soberana del pecio Nuestra Señora de las Mercedes", destaca el comunicado.
Cultura agradece también la posición norteamericana por evitar "la perturbación ilícita de navíos", por defender el patrimonio de España y respetar el lugar donde descansan los restos de los aquellos que murieron "mientras prestaban servicios a su país".
El abogado que representa al Gobierno español en el caso Odyssey presentó ayer al tribunal la respuesta de España a las alegaciones presentadas por la empresa Odyssey Marine Corporation, Perú y otras partes. Asimismo, Estados Unidos ha presentado al tribunal estadounidense la posición oficial en apoyo a los intereses de España con documentación jurídica preparada por el Departamento de Justicia del Gobierno norteamericano que incluye las posiciones del Departamento de Estado y de la Armada estadounidenses.
El proceso legal en Estados Unidos requiere que todas las partes que se presentaron en el proceso judicial argumenten ante el juez Steven Merryday la legitimidad de la decisión adoptada el pasado mes de junio por el magistrado Pizzo que dictaminaba que el tesoro rescatado por la empresa Odyssey del fondo del Atlántico debía ser devuelto a España.
De este modo el tribunal desestimaba la reclamación de la empresa puntera en la búsqueda de yacimientos arqueológicos submarinos que el pasado 18 de marzo de 2007 anunció el descubrimiento de un tesoro de 500.000 monedas de oro y plata. Ante la sospecha de que se trataba de los restos del buque español Nuestra Señora de la Mercedes, hundido en 1804, el Gobierno español comenzó una batalla legal que se ha prolongado hasta hoy. Ante el informe y recomendación emitido entonces por el magistrado Pizzo, el abogado del Gobierno español demuestra y argumenta que dicha decisión refleja "un correcto y cuidadoso análisis de la evidencia y de los principios legales que establecen que el pecio, los marineros, las monedas y demás objetos están protegidos de perturbaciones ilícitas y explotación comercia". Igualmente reconoce que los tribunales de otros países deberían unirse al Estado español en la protección del patrimonio histórico subacuático para el beneficio público.

Un juez de Florida dictamina que las 500.000 monedas recuperadas por Odyssey pertenecen al buque español

El tesoro de La Mercedes debe volver a España. Ésa es la recomendación del juez Marck Pizzo en un fallo con el que zanja dos años de batalla legal que ha enfrentado a España y a la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration por la propiedad de las 500.000 monedas de plata y oro.

Odyssey encontró el tesoro en mayo de 2007 muy cerca de las costas del Algarve, en Portugal. Las primeras hipótesis de la compañía (no reveladas hasta mucho después) apuntaban al barco Nuestra Señora de la Mercedes, un buque español hundido en 1804 en la batalla del cabo de Santa María, tras una cruenta batalla naval con la flota inglesa. La empresa siguió entonces el procedimiento que suele emprender cada vez que hace un descubrimiento: registrar los derechos del hallazgo en un tribunal de Tampa (Florida).
Pero España sospechó desde un primer momento que la identidad del pecio codificado por la compañía con el nombre en clave de Black Swan (Cisne negro) y reclamó sus derechos históricos en el mismo tribunal.
Tras dos años de deliberaciones, acusaciones, persecuciones de la Guardia Civil a los barcos de Odyssey, y un buen gasto en abogados por las dos partes, el juez Mark Pizzo decidió ayer (madrugada del jueves en España) que no tiene jurisdicción sobre el caso y recomienda que toda la carga sea devuelta a España. El magistrado entiende así que el pecio encontrado por Odyssey es La Mercedes, algo que la compañía señalaba únicamente como una hipótesis.

Odyssey anuncia un recurso
La reacción de Odyssey se produjo poco después. La compañía anunció en un comunicado que recurrirá la decisión judicial. La empresa argumentó que el juez no ha tenido en cuenta algunos aspectos del caso como el hecho de que el buque estaba realizando una misión comercial en el momento de hundirse y que por tanto los propietarios de la carga son los herederos de las más de 200 personas fallecidas en la explosión del barco. "Creemos que estas personas se unirán a nuestra reclamación", señaló Melinda MacConnel, vicepresidente y abogada de Odyssey.
"Estoy muy sorprendido", afirmó Greg Stemm, presidente y cofundador de la empresa. "Confío en que finalmente el juez o el tribunal de apelación vean la debilidad de los argumentos de la reclamación de España".

"Odyssey cometió un acto de piratería"
Rafael Azuar, director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, fue uno de los expertos enviados por el Ministerio de Cultura a Tampa para examinar las pruebas aportadas por la empresa Odyssey para reivindicar el tesoro del galeón español Nuestra Señora de las Mercedes, hundido en 1804.
Pregunta: ¿Cómo valora la sentencia?
Respuesta: La decisión ratifica que es un galeón español de la Armada y que la actuación de Odyssey fue ilegal y de expolio.
P.: La compañía anunció que recurrirá.
R.: Hay pleitos anteriores del Gobierno español que luego fueron ratificados por el Supremo. Hay un caso muy parecido. Estoy convencido de que la decisión será ratificada.
P.: ¿La resolución judicial desenmascara la verdadera naturaleza de Oddysey?
R.: Oddysey ha manipulado. Es una empresa muy potente, cotiza en bolsa en Estados Unidos, tiene recurso e infraestructuras poderosos y también usa los medios para defender sus intereses.
P.: ¿Practican la piratería arqueológica?
R.: En este caso se puede hablar de actividad de piratería. Oddysey no tenía ninguna autorización, lo hizo con nocturnidad y alevosía, ocultaron información sobre su ubicación, sacaron por Gibraltar lo extraído con la intención de no hacerlo público. No cumplieron ninguna norma.
P.: ¿Se pueden evitar nuevos casos?
R.: Desgraciadamente, el delito y el robo se da cada cierto tiempo. Aunque se tomen medidas, el delincuente siempre va por delante.
P.: ¿Qué lección se ha extraído del caso Oddysey?
R.: Quizás debamos mejorar la coordinación de las administraciones en la protección. Las comunidades autónomas han acelerado para redactar el Libro Verde de la Arqueología Subacuática, que desarrolla la filosofía del Plan Nacional de 2007. A nivel popular, ha surgido más interés y sensibilización por estos temas.
P.: ¿Hay algún inventario de barcos hundidos?
R.: Según los censos de la Armada, en todo el mundo hay unos 3.000 barcos españoles hundidos entre los siglos XVI y XIX. En Cataluña hay unos 800 pecios anteriores al XVI. Calculo que el patrimonio español o en las costas españolas oscila entre 5.000 y 7.000 barcos hundidos.

Perú también reclamaba el tesoro del Oddysey
La República del Perú reclamaba ante la Corte de Florida el tesoro de 500.000 monedas de plata y oro -casi 17 toneladas- que encontró Odyssey frente a las costas del Algarve en mayo de 2007.
Los escudos de plata y oro y los reales de a ocho que transportaba este barco desde América con destino a Cádiz son de la época de Carlos IV y fueron acuñados en Lima, es decir, que salieron de las minas de Perú. Por esta razón, el país decidió el 19 de agosto de 2008 presentar una reclamación ante la Corte de Florida.
En su reclamación, Perú declaraba que mantiene el interés en sus propiedades y que no ha consentido ningún salvamento de su patrimonio. También señalaba que se refiere exclusivamente a la carga del buque y no al buque en cuestión. Por su parte, Enrique Ujaldón, director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, declaró que Perú tendría muchos "problemas" para mantener su demanda porque "no ha firmado las Convenciones de Derecho del Mar ni sobre Protección de Arqueología Subacuática, y, además, no existía como Estado en el momento del hundimiento de la fragata". Tras conocerse la reclamación del Gobierno peruano, la compañía Odyssey señaló en un comunicado que la empresa acogió "con satisfacción" la noticia, pues plantea "una oportuna cuestión sobre quién es el verdadero propietario de los beneficios culturales y económicos derivados de las naciones colonizadas".

El comandante Bustamante y Guerra fue impulsor de la expedición Malaspina

JESÚS RUIZ MANTILLA

En algunos casos, el dinero es lo de menos. Frente a la audacia, el arrojo, la honra y eso para tantos anecdótico pero que es ni más ni menos que la historia; el oro, la plata, el vil metal, es lo de menos. Aunque hablemos del mayor tesoro hundido y cuantificable del mundo, aunque se trate de más de 3.000 millones de euros de hoy perdidos hace dos siglos frente a las costas...
Es el caso de la peripecia de Joseph Joaquín Bustamante y Guerra. La mala fortuna quiso que fuera él quien viera hundirse a la mítica Nuestra Señora de las Mercedes y a las tres fragatas que la acompañaban (La Clara, La Medea y La Fama) en su viaje de Montevideo (Uruguay) a Cádiz aquel 5 de octubre de 1805. La saña de los ingleses hizo el trabajo sucio. Su provocación acabó con los buques a pique y 249 tripulantes y comerciantes de las Indias con sus familias ahogados a escasas millas del Algarve, en Portugal.
Doscientos años después vino la polémica. Nadie se acordaba de aquello hasta que la empresa Odyssey, una especie de tinglado basado en la piratería posmoderna, diera con sus restos y comunicara que había hallado el tesoro de lo que dio en llamar misteriosamente El cisne negro. El Gobierno español lo llevó a los tribunales y un juez de Tampa (Florida), donde tiene sede la compañía, les obligó a dejar de marear la perdiz e identificar el tesoro. Era, tal y como se contó en este diario, el pecio más buscado del mundo: el de La Mercedes, con sus 500.000 monedas, acuñadas en Perú a finales del siglo XVIII, y un equivalente a 17.000 kilos de oro y plata. Pero con vidas como la de Bustamante y Guerra, con implicaciones históricas fundamentales para lo que años después fue la Europa contemporánea como las que tuvo aquella acción, lo dicho: el dinero es lo de menos. Porque tras la violenta carga contra La Mercedes, la historia del continente cambió. Dio un giro radical de equilibrio de fuerzas, de estrategias políticas. "El hundimiento de La Mercedes nos llevó directamente a la batalla de Trafalgar y de ahí acabamos en la guerra de la Independencia", comentan José Luis Casado Soto, director del museo marítimo de Santander, y Aurelio González de Riancho, estudioso de la figura de Bustamante y Guerra. En aquella época, España se mantenía neutral frente a Francia e Inglaterra. La acción del almirante Cornwallis les obligó a retratarse. Al no querer rendirse, el fuego desató todo lo demás. Obligó al reinado de Carlos IV a posicionarse junto a Napoleón. Después, lo que sigue...
Al mando de aquella flota estaba Bustamante. Un personaje que durante toda la polémica por el episodio del Odyssey apenas ha cobrado protagonismo más allá de una línea. Es su sino. Haber acometido auténticas peripecias, empresas de las que cambian el rumbo y la vida de la especie y caer en el olvido. "Es un completo desconocido, no se le ha hecho nunca la justicia que merece", clama González de Riancho, quien ha dedicado algunos años al estudio de él y su familia cántabra de Alceda.
El caso es que el amigo Bustamante y Guerra fue un personaje de película. Uno de esos lobos de mar nada al uso, mezcla del altivo Fletcher Christian de la mítica Bounty y capitán Cook. Surcó los siete mares, entregó el pellejo en cada travesía y abrió brechas como las de la expedición Malaspina, junto al marino italiano. "Fue un ilustrado, una extraña mezcla de marino y científico", comenta González de Riancho.
Nació en Ontaneda en 1759. A los 11 años ya era guardamarina y emprende su carrera naval. Primero se las ve con berberiscos, muy pronto se hace plenamente consciente de que lo suyo contra los ingleses será un pleito largo. Le apresaron tras una refriega en la que detuvieron su rumbo a Filipinas y estuvo cautivo un año. Pero después hubo un encuentro que cambió su vida. Conoció a un italiano de rompe y rasga, encantador y digno espíritu de la floreciente ilustración que se llamaba Alexandro Malaspina. Aquello fue un hito. Cambió la fisonomía del mundo y las expediciones científicas posteriores, incluida la más famosa entre las famosas, la del Beagle de Charles Darwin. "Expertos de todo el mundo han venido a España a conocer las aportaciones que consiguió la Malaspina, pero nosotros hasta hace cuatro o cinco años no nos hemos enterado de lo que todo eso supuso", dice Casado Soto.
Aquello fue, ni más ni menos, el experimento naval y científico más imponente de la época en Europa. Corría el año 1788. Malaspina y Bustamante y Guerra escriben a su majestad proponiéndole la aventura. En menos de un mes, el ministro de Marina, Antonio Valdés, les responde que lo que haga falta. La idea era tan simple como descabellada: dar la vuelta al mundo y describirlo.
Se construyen dos corbetas, la Descubierta y la Atrevida, diseñadas especialmente para el viaje. Tenían capacidad de carga, aguante y destreza para cualquier tipo de mar. Se podían almacenar víveres para dos años, leña para seis meses, disponían de espacio para transportar animales y plantas y fogones para dulcificar el agua del mar con alambiques. Medían 120 pies e iban armadas con 22 cañones.
Entre la tripulación, escogida por Bustamante y Guerra, había médicos, científicos, cirujanos, pintores y especialistas en historia natural dispuestos a aguantar los cinco años que pasarían lejos de sus casas. "Había otro problema, los marineros que una vez llegaban a los mares del sur y eran recibidos por indias desnudas en grandes fiestas, no querían volver...", cuenta Riancho. Los que lo hicieron después de surcar el Atlántico y el Pacífico dos veces y bordear las costas de toda América y llegar a Australia, trajeron cientos de especies y dibujos de ciudades míticas y lejanas.
La España de Godoy estaba para pocas bromas. Cuando Malaspina desembarcó y denunció la situación en las colonias y los males incipientes que acabarían con la ruina del imperio, fue arrestado y su trabajo enterrado en el olvido. Bustamante y Guerra también pagó las consecuencias. Fue enviado a Montevideo. A la vuelta, ya saben lo que le pasó. Aun así sobrevivió.
Tuvo tiempo para luchar en Trafalgar y para hacerle un corte de mangas a Napoleón cuando los franceses le quisieron obligar a jurarles lealtad. Huyó disfrazado de fraile a Sevilla y acabó abrazando el absolutismo de Fernando VII. Pero un error lo comete cualquiera. Lo malo es cuando has tocado la gloria y nadie sabe reconocértela cuando has muerto. Justo como le ha pasado a él, por los siglos de los siglos.


La Armada sale al rescate de los pecios españoles.
Firmará un convenio con el Ministerio de Cultura para recuperar el "Santo Cristo de Maracaibo" y "La Reina Regente".

La Armada quiere ayudar a recuperar el patrimonio español sumergido. La Marina Española firmará próximamente un convenio con el Ministerio de Cultura para poner a su disposición los medios tecnológicos que posee para buscar pecios submarinos en el litoral español, según el almirante Gonzalo Rodríguez González-Aller, director del Órgano de Historia y Cultura Naval del Ministerio de Defensa.
Esos medios son fundamentalmente tres: los barcos de la Armada, especialmente el cazaminas M31-Segura y el Neptuno; el sónar de barrido lateral, del que disponen estos buques, y el ROV (Remote Operated Vehicle) un robot submarino no tripulado que se controla por control remoto desde la superficie de un barco por medio de un cable largo.
El sónar de barrido lateral detecta las irregularidades en el fondo del mar desde la superficie mediante ondas, lo que permite realizar una fotografía acústica del terreno que sirve para localizar los barcos hundidos. El ROV permite bajar a las profundidades donde se encuentran los restos arqueológicos, grabar imágenes y operar sobre el hallazgo para llevarlo a la superficie.
La implicación de la Armada en el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Subacuático, presentado hace un año por el Ministerio de Cultura, supone un avance para la recuperación de pecios. La Armada ya tiene dos proyectos con nombre y apellidos: el Santo Cristo de Maracaibo y La Reina Regente. El primero es un buque que fue capturado por la flota angloholandesa durante la batalla de Rande en 1702. Cuando era remolcado hacia Inglaterra chocó con una roca al salir del puerto de Vigo y se hundió al sur de las islas Cíes. El segundo regresaba de una misión en Tánger cuando naufragó en la bahía de Cádiz el 9 de marzo de 1895.
El convenio que la Armada y el Ministerio de Cultura firmarán tiene un presupuesto inicial de 250.000 euros, según González-Aller e incluye un ambicioso plan para cartografiar los pecios sumergidos en todo el litoral y almacenarlos en un banco de datos que permita protegerlos.

Los 130 dueños del tesoro de Odyssey
El Archivo de Indias demuestra que el oro y la plata de "La Mercedes" era la fortuna personal de mercaderes españoles.
Sus descendientes podrían reclamar la carga

Miles de descendientes de los propietarios de la carga de oro y plata que se hundió con la fragata La Mercedes podrían reclamar sus derechos sobre este tesoro, hallado por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration en mayo de 2007. Documentos depositados en el Archivo de Indias (Sevilla), a los que ha tenido acceso EL PAÍS, prueban que gran parte de la carga (697.621 pesos) del barco pertenecía a unos 130 mercaderes españoles. El resto (253.606 pesos) era dinero de la Corona.
La lista de los 130 propietarios da un vuelco al caso que mantiene enfrentados a Odyssey y al Gobierno español desde hace más de un año porque multiplica el número de posibles reclamantes. Los descendientes directos de aquellos mercaderes se podrían unir así como reclamantes al Estado español, que asegura haber sufrido un expolio de una fragata de guerra española, a Odyssey, que encontró el tesoro; y a Perú, que alega que el oro y la plata salieron de sus minas. El juez Mark Pizzo, que lleva el caso en Tampa (Florida), tendrá que decidir en los próximos meses qué derechos prevalecen.
La fascinante historia de La Mercedes se encuentra en varias fuentes bibliográficas. El capitán de navío de la Armada Española, Cesáreo Fernández Duro (1830-1908), narró el suceso a partir de los diarios de a bordo. El barco sale de El Ferrol en 1802 hacia las Indias con la orden dispuesta por el ministro de Marina, Domingo de Grandallana, de traer los caudales de la Real Hacienda que hubiese en América. El barco está en Lima en marzo de 1804. Los legajos Lima 648, Lima 1440 y Lima 1535, todos ellos en el Archivo de Indias, dan cuenta exacta de la carga que fue registrada en el buque destinada a "Su Majestad el Rey", por entonces Carlos IV. Exactamente 253.606 pesos en distintas monedas de plata y oro y para distintos fines; "mesadas eclesiásticas", "préstamo patriótico", "por donativo para la pasada guerra" y "a disposición del Exmo. Ministro de Hacienda".
La otra parte que se transporta en el barco pertenece a "los particulares", según aparece en los registros de aduana. Son 187 páginas del legajo Lima 648, donde se documenta cómo durante marzo de 1804 los mercaderes depositan su fortuna personal y otros enseres. Todos los documentos, escritos en letra de imprenta, empiezan igual y van firmados por el maestre del barco, Vicente Antonio Amurrieta: "Sírvase V. mandar se forme partida de Registro a D. Juan González para cargar en la fragata de S.M. nombrada Mercedes, de la que soy Maestre, y se halla próxima a regresar al Puerto de Cádiz, con registro de Oro, Plata y Frutos de las especies siguientes". Idéntico registro, con otros nombres, aparece en cada una de las 187 páginas. Algunos de los mercaderes depositan oro y plata en más de una ocasión. Unos meten cantidades de 200 pesos, otros de 7.000. Los caudales pasan a estar en algunos casos bajo la custodia de algunos miembros de la tripulación. Los documentos también incluyen los nombres de los destinatarios que tendrían que recibir el dinero en Cádiz. Así se va configurando la lista hasta alcanzar la cifra de 130 mercaderes y 697.014 pesos, además de otros artículos ("Cueros de leones y lobos marinos, pieles de guanaco, perfumes, docenas de chinchilla..."). La lista elaborada por EL PAÍS a partir de esos documentos ha de considerarse incompleta, pues en ellas no aparecen, por ejemplo, las cantidades que llevaban algunos militares y otros miembros de la tripulación.
La Mercedes parte meses después con algunos de esos mercaderes a bordo. Le acompañan otras fragatas de guerra (La Clara, La Medea y La Fama) y un grupo de cuatro fragatas de comercio (El Castor, La Joaquina, El Astigarraga, La Dos Amigas). Comanda la flota don José de Bustamante y Guerra, un marino con mucha mar. El 5 de octubre de 1804, a las ocho de la mañana y cuando la escuadra está muy cerca de Cádiz, frente al cabo de Santa María, La Clara hace señal de cuatro velas indicando al resto de la flota la aparición de fragatas inglesas en el mismo rumbo.
España está en paz con Inglaterra pero, aun así, la flota del comodoro Graham Moore ataca a los españoles. La Mercedes saltó en pedazos a los pocos minutos de combate y el mar se tragó el oro, la plata y las 249 personas que viajaban en el buque. España declaró la guerra al Reino Unido el 14 de diciembre de 1804 con motivo de este suceso, que se considera la antesala de la batalla de Trafalgar que tuvo lugar el año siguiente.
Dos siglos después, una empresa estadounidense llamada Odyssey Marine Exploration, especializada en la búsqueda de pecios submarinos, anuncia el hallazgo de un tesoro de 500.000 monedas de oro y plata, con un peso de 17 toneladas. Desde el primer momento, España sospechó que se trataba de La Mercedes y Odyssey confirmó recientemente que ésta es la hipótesis más probable, aunque asegura que aún no hay pruebas suficientes para determinar la identidad del barco. Si los descendientes de aquellos mercaderes pueden reclamar o no es algo que tendrán que decidir el juez. Odyssey y España defienden dos posturas opuestas. La empresa considera que los descendientes tienen derecho a reclamar, aunque se reserva una recompensa de entre el 80% y el 90% del valor actual de la carga por haber rescatado el tesoro. España sostiene que La Mercedes era un buque de guerra, patrimonio exclusivo del Estado y, por tanto, expoliado por Odyssey.
Si el juez determina que España tiene razón, que el tesoro pertenece a La Mercedes, y que el Estado es soberano, entonces los descendientes tendrían que reclamar ante los tribunales españoles y sus demandas tendrían que sustentarse en leyes que jamás plantearon la posibilidad de que los herederos hiciesen valer sus derechos sobre algo perdido 200 años antes en el fondo del mar. El abogado que defiende los intereses de España en Estados Unidos declaró el pasado mayo que ese hundimiento "fue un acontecimiento en la historia mundial y en la de España equivalente a lo que sucedió en la batalla de Pearl Harbor", que precipitó la participación activa de Estados Unidos en la II Guerra Mundial.

Odyssey recurre en diciembre de 2009 la decisión del juez que obligaba a la empresa a devolver el tesoro compuesto por 500.000 monedas de plata y oro en un plazo de diez días

Odyssey recurrió la decisión del juez ante la la Corte de Apelaciones. Según una orden firmada por el juez Steven D. Merryday del distrito federal de Tampa (Florida), la empresa deberá devolver las 500.000 monedas de plata y oro (que equivalen a 17 toneladas del tesoro) en un plazo de diez días. La decisión de la empresa de recurrir esta orden retrasará la resolución final del caso. Como en anteriores sentencias, Merryday reafirma que el tesoro extraído por Odyssey del fondo del mar, en un pecio denominado por la empresa estadounidense Cisne Negro, pertenece sin duda a la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes. Por ello, según el juez, el lugar del hundimiento y todos los objetos encontrados están bajo soberanía española, lo que reafirma las decisiones previas en el mismo tribunal de Tampa del juez Mark Pizzo. Odyssey sigue insistiendo que España no tiene derecho al tesoro porque el buque Nuestra Señora de la Mercedes se hallaba en una misión comercial cuando fue hundido. La empresa atribuye así ciertos derechos para los descendientes de los mercaderes que murieron en el barco. "Más del 70% de la carga de monedas que iba en el barco nunca perteneció a España", señaló ayer Melinda MacConnel, Odyssey Vice President and General Counsel.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha considerado hoy "crucial" en la defensa de los intereses "del patrimonio histórico español" la sentencia del juez de Tampa. González-Sinde ha expresado su "satisfacción" por esta sentencia, al igual que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien -en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros- , sin conocer en detalle el contenido de la decisión judicial, ha precisado: "si está a favor de España, no puedo más que expresar mi satisfacción".

La Xunta de Galicia tardó dos años en parar una obra sobre un castro

Patrimonio conocía la existencia del yacimiento pero no lo catalogó

PABLO VÁZQUEZ

La Dirección Xeral de Patrimonio tardó dos años en catalogar el Castro da Atalaia, en San Cibrao (Cervo), según un informe firmado por los arqueólogos de la Delegación Provincial de Cultura Gonzalo Meijide Cameselle y Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez. El documento reconoce que los arquitectos constataron restos en el año 2005, pero no los incluyeron en el Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de la Xunta hasta noviembre de 2007. El escrito subraya las "grandes dimensiones" de este yacimiento que posee un "importante cuncheiro".


El informe dice que al alcalde de Cervo conocía los restos al dar la licencia
El documento revela que durante una visita realizada a la península da Atalaia en 2005, se realizaron hallazgos de material arqueológico, fundamentalmente molinos circulares de tipología castrexa o romana. Los restos se localizaron en diversas parcelas al suroeste de A Atalaia, según recoge el informe. A pesar de conocer los vestigios, la Consellería de Cultura no emitió una orden de paralización hasta el 18 de junio de 2007, cuando el arqueólogo Gonzalo Meijide ejecutó la orden para detener la construcción de 100 viviendas de la empresa Promociones San Cibrao. Los arquitectos destacan que se halló "abundantísimo material arqueológico" y "concentraciones de piedras que podrían corresponderse con los muros" de las fortificaciones.
Con todo, el informe culpa al Ayuntamiento y declara que el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, era "plenamente consciente" de la presencia de este yacimiento cuando concedió las licencias de obra para edificar en tres parcelas sobre este castro, entre 2006 y 2007. De este modo, el documento de Patrimonio asegura que A Atalaia aparece incluida como yacimiento arqueológico bajo el nombre de Península de San Cibrao en el catálogo del Plan Xeral de Ordenación Municipal del Ayuntamiento.
Otra pista de que el consistorio de Cervo tenía conocimiento de este castro está en el material localizado en el extremo norte, asociado a restos de fauna, fundamentalmente conchas. A consecuencia de este hallazgo el propio Ayuntamiento promovió una intervención arqueológica en el lugar. Esta investigación permitió documentar un importante cuncheiro de época galaico-romana asociado a un poblado indígena que se estima que puede pertenecer a los siglos I a III después de Cristo.
El escrito avalado por los arquitectos provinciales confirma que los hallazgos arqueológicos estarían constatados también por vía bibliográfica en la obra de Barro Quelle San Ciprián: parroquia de Lieiro. Este libro explica que se encontraron muros circulares en la parte Sur de la isla, en Barrincoba, cuando recogieron arena para la construcción del puerto en los primeros años de la década de 1940, o cuando se construyó la carretera al faro.
El propio informe avala que "la utilización de esta referencia bibliográfica no puede considerarse una arbitrariedad". El documento acredita la necesidad de realizar intervenciones arqueológicas previas a cualquier obra que se pretenda ejecutar dentro del ámbito delimitado, con el fin de documentar los restos que puedan existir en la zona.

La Guardia Civil investiga el uso ilegal de restos de un castro en San Cibrao
La denuncia asegura que se están utilizando para un polígono industrial

La Guardia Civil investiga la presunta utilización ilegal de patrimonio arqueológico en la construcción del polígono industrial de Foz. Según una denuncia presentada ante el Seprona y la Dirección Xeral de Patrimonio por la asociación Mariñapatrimonio, restos arqueológicos del castro da Atalaia de San Cibrao, entremezclados con arena, estarían siendo trasladados hasta Foz para usar en la construcción de un polígono industrial en esta localidad. La asociación denunciante aseguró ayer que el Seprona ya ha confirmado la utilización ilegal de esos restos.

El instituto armado ya envió un informe a la Dirección de Patrimonio
La Guardia Civil se dirigió al conductor de uno de los camiones que están trasladando los restos para advertirle de la "presunta irregularidad" de la operación, según aseguraron fuentes del instituto armado. Ante el aviso, el camionero optó por abandonar el transporte. El Seprona ha comunicado también los hechos a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta. "El traslado podría no reunir todos los requisitos administrativos", admitieron estas fuentes, que están a la espera de recibir una respuesta de Patrimonio antes de actuar contra el traslado.
Parte del entorno del castro da Atalaia fue invadido hace dos años por las obras de una promoción urbanística en San Cibrao, que afectaron a parte del conjunto arqueológico. El portavoz de Mariñapatrimonio, Manuel Miranda, asegura que entre los escombros presuntamente trasladados a Foz hay restos de dos molinos y de cerámica. La ley estipula que esa clase de vestigios no se puede transportar sin la supevisión de un arqueólogo. Mariñapatrimonio afirma que todo el proceso ha estado repleto de ilegalidades. Según Miranda, los escombros fueron sacados del castro mientras pesaba una orden de paralización de las obras y depositados en una finca junto a la gasolinera de Cervo sin disponer de ninguna clase de autorización.
La asociación en defensa del patrimonio afirma que los restos del castro fueron cubiertos con una capa de tierra, con el fin de taparlos antes de su traslado a Foz. Miranda señala que un agente del Seprona le explicó que ya se han identificado los escombros depositados en el futuro polígono industrial como originarios del castro. "Ahora será muy difícil rescatar los restos y separar las arenas que contienen patrimonio arqueológico. No saben el daño que han hecho", se lamenta.
El alcalde de Cervo, municipio al que pertenece San Cibrao, Alfonso Villares (PP) manifestó sus dudas sobre la ilegalidad del traslado. "Decir que son ilegales es mucho decir", afirmó. En cambio, el regidor de Foz, la otra localidad implicada, el socialista José María García Rivera, exigió que "se aclare exactamente si se metieron esos restos en el polígono" sin conocimiento de la institución municipal. García Rivera solicitó a la policía local que investigue los hechos.

Detenido por sustraer más de 67 mapas de gran valor histórico

SANTIAGO GIMENO

Decía Voltaire que los celos producen más crímenes que el interés y la ambición. La Guardia Civil anunció ayer que detuvo el pasado viernes en un hotel de Pamplona a Z. V., un ciudadano húngaro de 47 años, sin antecedentes penales, que, supuestamente, robó más de 67 mapas y documentos cartográficos de importante valor histórico en varias bibliotecas españolas.

Seccionaba los manuscritos con cúteres ocultos en dobles fondos

El sujeto, que se camuflaba bajo el nombre eslovaco de Antón Ciska y que ya está en prisión, inició su actividad delictiva fascinado por el robo de César Gómez Rivero de 19 grabados en la Biblioteca Nacional. En este hurto, ocurrido durante la dirección de la escritora Rosa Regàs, desaparecieron, entre otros tesoros bibliográficos, dos mapamundis del astrónomo griego Claudio Ptolomeo, posteriormente recuperados.
Si pudo hacerlo Gómez Rivero, ¿por qué no iba a ser él capaz?, pensó Ciska, que era pues un imitador, pero también "un auténtico profesional" que se lo puso muy difícil a la Benemérita. Así lo reconoció ayer Jesús Pastor, portavoz del Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y también fuentes de la investigación, que subrayaron que Ciska "nos hizo dar muchas vueltas".
El modus operandi del presunto ladrón distaba mucho del de un experto, aunque sus métodos demostraron ser muy prácticos. Residía en la República Dominicana y desde allí señaló con un rotulador en un mapa de carreteras las bibliotecas que pretendía desvalijar. Accedía a sus webs y seleccionaba los volúmenes que quería, según la Guardia Civil, "para que formaran parte de su colección privada". Gracias a pasaportes falsos y carnés de investigador, se colaba en estos centros y seccionaba las hojas de los volúmenes con cúteres ocultos en dobles fondos y otra clase de escondrijos artesanales.
Sustrajo papeles de seis bibliotecas de Soria, Toledo, Valladolid, Logroño y Pamplona, y pensaba proseguir su trayecto por otras 28 provincias españolas, Francia, Italia y Portugal.
La investigación, denominada Operación Biblión, se remonta a marzo de 2008, cuando Ciska sustrajo un mapa del siglo XVI en la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). "Desapareció de la faz de la tierra un año", apuntó la Benemérita, y no se volvió a saber de él hasta el pasado mes de abril, cuando visitó la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. En ese momento los agentes cotejaron las visitas de los últimos cinco años en el archivo salmantino y supieron, gracias a una ficha manuscrita, que Ciska ya estuvo allí en 2007 -aunque entonces sólo inspeccionó los documentos-, así como su verdadera identidad.
La Guardia Civil le detectó el 7 de agosto en un hotel de Pamplona y recuperó los manuscritos, que el presunto ladrón llevaba en una carpeta. Ciska viajaba con su mujer, a la que no se ha podido imputar porque no hay constancia de su complicidad.
El sospechoso aseguró tras su detención que se dedica a la compraventa de coches, pero la Guardia Civil investiga si tenía contactos en el mercado negro.
La consejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Soledad Herrero, aseguró ayer que el Gobierno regional revisará la seguridad de sus bibliotecas por el robo de dos ptolomeos en el archivo de Toledo. El Ejecutivo riojano anunció que impondrá un protocolo "más estricto" para acceder a los fondos antiguos de la biblioteca de Logroño. Ciska seccionó allí cuatro mapas.